“Las irregularidades habrían sido detectadas, en el mismo momento en el que fuera descubierto el aparente faltante de stock y por ello se separó al jefe del servicio de su cargo”, aseguró el funcionario. Aparente falta de retornos económicos y presunto tráfico de sangre (órganos), serían los móviles de la investigación en curso.
  
Según adelantara en exclusivo en la edición de ayer, Prensa Libre dio cuenta de la serie de irregularidades detectadas en la Dirección de Hemoterapia del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG), situación que generara dos sumarios administrativos y una denuncia penal en la Justicia provincial y posterior causa en la Justicia Federal. Al respecto y ante la ausencia del ministro de Salud, Matías Mazú, quien se encuentra haciendo uso del receso invernal, el ministro a cargo del área, Carlos Barreto, jefe de la cartera de Gobierno, confirmó a Prensa Libre algunos datos, los cuales fueron adelantados ayer por este mismo medio. “Las irregularidades habrían sido detectadas, en el mismo momento en el que fuera descubierto el aparente faltante de stock y por ello se separó al jefe del servicio de su cargo” (Dr. Miguel Ángel Carranza), aseguró el funcionario. En este mismo sentido indicó que “inmediatamente se iniciaron las acciones sumariales correspondientes”, actitud condescendiente con la gravedad de la denuncia y la complejidad de un tema tan delicado como este.

La Justicia
“El caso llega a la Justicia provincial, más precisamente al Juzgado de Instrucción Nº 2 de la Dra. Valeria López Lestón, por parte de la asesora legal de Hospital Regional, por expresa indicación del directorio del nosocomio”, indicó Barreto. Agregó además que “las personas sumariadas son dos, por un lado el jefe del servicio y un técnico que sería colaborador y parte del equipo, por ello es que el Gobierno actuó apenas detectó la irregularidad”. Como ya se indicara en párrafos anteriores e independientemente del curso de los sumarios y de la  investigación en la Justicia, Prensa Libre supo por fuentes oficiales que al regreso de sus vacaciones el ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú, daría las explicaciones pertinentes, presumiblemente este mismo lunes ya que se prevé su regreso para esta fecha, aunque se desconoce si será a través de una conferencia de prensa o un comunicado oficial.

El caso
Es importante recordar que todo se inició luego de la detección de presuntas irregularidades administrativo-contables en el retorno de contraprestaciones realizadas por el laboratorio de Hemoterapia del Hospital Regional de Río Gallegos a clínicas privadas de esta capital santacruceña. Pero esto sólo parece ser el comienzo de un conflicto de ribetes inimaginables, ya que se habría confirmada el faltante de unidades de sangre en el stock del HRRG, situación que habría sido el desencadenante para que la Justicia Federal tome cartas en el asunto, ya se sospecha que ese faltante podría haber sido comercializado, con el grave delito que ello significa. En lo que respecta a la situación administrativo-contable se pudo conocer que cuando se realizan transfusiones de sangre, la obra social canaliza el pago de una suma de dinero que no está encuadrado en una venta, sino que corresponde de ello un porcentaje aproximado del 20 % en concepto de honorarios médicos, mientras que el restante 80 % se recibe en concepto de “gastos”. hasta ahí todo bien, pero lo llamativo es que el único laboratorio de Hemoterapia autorizado existente es el que está en el HRRG, por lo tanto la suma correspondiente a los gastos debería ser derivada a dicho nosocomio, pero la fuente entrevistada por Prensa Libre informó que “no se encuentran pruebas ni depósitos que acrediten que ese dinero ingresó al hospital”. Pero el hecho más llamativo y preocupante fue que además de estas irregularidades, se habría detectado un faltante de unidades de sangre en el stock del hospital, y como se mencionó anteriormente este habría sido el desencadenante final por el cual el propio directorio del HRRG habría concretado una denuncia penal. Pero como está en dudas o abierta la posibilidad de que esas unidades faltantes hayan sido comercializadas, la causa habría sido elevada a la Justicia Federal, ya que la sangre es considerada un órgano y por lo tanto la investigación estaría caratulada como “tráfico de sangre”.
 
Prensa Libre